Este reportaje y discusión se produjeron como parte de la beca StoryReach U.S. del Centro Pulitzer.
El primero de los eventos editoriales presenciales de El Tímpano comenzó la noche del 20 de febrero, en el que líderes de Oakland y del condado de Alameda hablaron sobre la crisis del plomo en la ciudad y las posibles soluciones, mientras la ciudad se enfrenta a múltiples retos presupuestarios y políticos.
Como se reporta en la serie de investigación y participación comunitaria de El Tímpano, “Inacción tóxica: los fondos para el plomo no se está utilizando mientras los residentes viven con graves riesgos para la salud”, todos los distritos predominantemente latinos de Oakland se consideran de alto riesgo de exposición al plomo. Oakland calcula que el 80% de sus viviendas contienen pintura con plomo. Las soluciones para abordar este problema se han estancado durante décadas debido a la rotación y escasez de personal, la falta de presupuesto y la falta de confianza entre los funcionarios de la ciudad y del condado. La investigación de El Tímpano también descubrió que una suma de aproximadamente $4,8 millones que la ciudad de Oakland recibió en 2022 de un acuerdo legal con los fabricantes de pintura seguía sin gastarse en agosto de 2024.
El equipo editorial de El Tímpano diseñó un grupo de discusión con la esperanza de reunir a líderes y miembros de la comunidad para hablar de soluciones. Los participantes fueron Larry Brooks, ex director del Departamento de Hogares Saludables del condado de Alameda, y Marybelle Nzegwu Tobias, fundadora y directora de Environmental Justice Solutions y autora del Racial Equity Impact Analysis, un estudio exhaustivo del grave problema del plomo en Oakland que también incluía recomendaciones clave. LaTonda Simmons, administradora adjunta de la ciudad de Oakland, también participó en el grupo.
La crisis política y presupuestaria a la que se enfrenta actualmente la ciudad de Oakland, y los repentinos recortes de conexiones y dinero a nivel federal a medida que la nueva administración Trump recorta el gasto, fueron la base de las soluciones discutidas durante la discusión: un Programa Proactivo de Inspección de Alquileres (PRIP, por sus siglas en inglés), cargos a los propietarios para financiar programas de reducción del plomo a largo plazo, un acceso más fácil a las opciones de pruebas, asociaciones públicas/privadas y el aprovechamiento de los esfuerzos filantrópicos.
Los $4,8 millones que la ciudad recibió del acuerdo legal con los fabricantes de pintura no son suficientes para financiar programas a largo plazo que eliminen los peligros del plomo de las casas más antiguas de Oakland. Una de las ventajas, según Simmons, es que el dinero está vinculado a restricciones legales y está protegido incluso cuando la ciudad se enfrenta a un déficit presupuestario de $130 millones.
“No ha habido esta cantidad de dinero disponible como inversión para poner en marcha este trabajo para crear un programa hasta que tuvimos esta oportunidad”, dijo Simmons. “Por eso lo que hacemos con este poco dinero es muy significativo”.
Los cambios a nivel federal han contribuido a la tumultuosa crisis económica y política de la ciudad, añadió Simmons. “Ha sido -volátil es una palabra amable- pero ha sido aterrador lo que estamos viendo en términos de otros recursos que podrían contribuir a este trabajo. Así que es difícil responder qué hay en el horizonte en cuanto a otras oportunidades de financiación”.
Brooks, que tenía previsto visitar Washington DC a finales de febrero para reunirse con los funcionarios de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) dijo que su viaje fue cancelado debido a los cambios de personal y gastos de la Administración Trump. HUD ha proporcionado dinero de la subvención para la reducción del plomo en el condado de Alameda durante décadas, dijo Brooks.
“Cuando estás hablando de ese tipo de despidos masivos, entonces ya puedes adivinar que eso también significa que la gente de HUD está diciendo: ‘¿Conoces esas subvenciones que has estado recibiendo durante los últimos 30 años? Probablemente no vas a poder conseguirlas’”, dijo Brooks. “Ahora tenemos que buscar otras formas de hacer frente a los peligros, sobre todo en aquellas comunidades que [Nzegwu Tobias] identificó en su reportaje”.
Aun así, los participantes en la charla ofrecieron algunas esperanzas y consejos a los miembros de la comunidad antes de que finalizara el evento. Brooks y Simmons sugirieron a los inmigrantes de Oakland que se sienten desamparados por los cambios introducidos por Washington en la aplicación de las leyes de inmigración o que no se sienten cómodos denunciando infracciones de las normas en sus casas por miedo a represalias de los propietarios, que se expresen de forma anónima mediante cartas, que comuniquen sus preocupaciones a otros activistas públicos o que hablen con funcionarios de la ciudad sin revelar sus nombres, un derecho que tienen en California en virtud de la Ley Brown.
“Me gustaría que nuestra comunidad se levantara y alzara la voz”, dijo Brooks.
Nzegwu Tobias añadió que, aunque existen importantes limitaciones presupuestarias, espera que la ciudad pueda aumentar el acceso a las pruebas en los vecindarios afectados, las escuelas y otros lugares de fácil acceso. “Mi esperanza y mi deseo es que, a medida que esto avance, se puedan poner en marcha todos los tipos de soluciones posibles, porque no hay una única solución”, dijo. “Tenemos que poner todo de nuestra parte, y espero que la ciudad y el condado puedan colaborar eficazmente para que esto ocurra”.
En sus comentarios finales, Simmons dijo que espera que los miembros afectados de la comunidad expresen sus quejas y preocupaciones a los funcionarios de la ciudad. “Reconocemos que el gobierno es lento”, dijo. “Para mí, la representación pública está en el centro, y significa que no sólo recibimos lo bueno, sino también lo malo cuando no lo hacemos bien, porque necesitamos estar informados por eso también para ayudarnos a saber cómo hacerlo mejor”.
Este reportaje y discusión se produjeron como parte de la beca StoryReach U.S. del Centro Pulitzer.
