Rosa María Carranza se inclina hacia delante para sujetar la espalda de una niña de 3 años quien trepa por una roca en las colinas boscosas del noreste de Oakland.
Vestida con ropa de senderismo y collares de piedras, Carranza, de 67 años, se mueve entre los árboles y los niños en una soleada mañana de diciembre. “Agárrese de esa rama”, dice. “¡Usted puede mi amor!”
Carranza, una profesional del desarrollo infantil que creció trepando árboles y nadando en los ríos de El Salvador, dice que se siente como en casa en el bosque de la guardería al aire libre que cofundó. Lleva más de tres décadas trabajando con niños y adolescentes como cuidadora y educadora, tiempo suficiente para saber cuándo intervenir y cuándo dar un paso atrás para dejar que sus alumnos encuentren su propio camino.
Cuando pasó a trabajar medio tiempo el año pasado, Carranza contaba con recibir los cheques de Medicare y la Seguridad Social, prestaciones que se conceden a los trabajadores estadounidenses y a los inmigrantes con residencia legal cuando se jubilan, siempre que cumplan con los requisitos de historial laboral y de edad o discapacidad. Carranza ha aportado decenas de miles de dólares a Medicare y a la Seguridad Social a lo largo de 24 años, según su historial de ingresos en la Administración de la Seguridad Social, revisado por El Tímpano y KFF Health News. Pero Carranza y unos 100,000 inmigrantes más con estatus legal pronto quedarán excluidos de Medicare.
La ley “One Big Beautiful Bill Act” del Partido Republicano, firmada el pasado mes de julio por el presidente Donald Trump, excluyó de Medicare a ciertas categorías de inmigrantes con estatus legal, incluidos los titulares de estatus de protección temporal, refugiados, solicitantes de asilo, supervivientes de violencia doméstica, las víctimas de la trata de personas y las personas con visados de trabajo.
Aquellos que ya están en el programa, como Carranza, serán dados de baja antes del 4 de enero, una medida de los legisladores republicanos para frenar el gasto de Medicare, ya que ellos y Trump han argumentado que el dinero de los contribuyentes no debe utilizarse para pagar la atención médica de los inmigrantes sin estatus legal en EE. UU.
“Los demócratas quieren que los extranjeros ilegales, muchos de ellos CRIMINALES VIOLENTOS, reciban atención médica GRATUITA”, publicó Trump en Truth Social dos meses después de firmar la ley. “¡No podemos permitir que esto suceda!”
Sin embargo, las categorías de inmigrantes que ahora pierden la cobertura sí tienen estatus legal. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos respondieron a la pregunta de si era justo excluir de Medicare a residentes con estatus legal.
Los inmigrantes sin estatus legal no tienen derecho a Medicare ni a la mayoría de los demás beneficios públicos financiados con fondos federales.
A Carranza le preocupa que también pueda perder el permiso legal para vivir en Estados Unidos si la administración Trump pone fin al estatus de protección temporal para los salvadoreños, como intentó hacerlo durante su primer mandato.
Si eso sucede, Carranza perdería la residencia legal, corriendo el riesgo de pasar un tiempo en un centro de detención de inmigrantes o de ser deportada.
“Esto es como una película de terror, una verdadera pesadilla”, dijo Carranza. “Mi vejez no me la imaginé así”.
“Bajo constante asalto”
Carranza emigró de El Salvador en 1991, durante una guerra civil brutal, dejando atrás a tres hijos pequeños, para ganar dinero y enviarlo a su familia. Se quedó más tiempo del permitido por su visado hasta 2001, cuando obtuvo el estatus de protección temporal, después de que dos terremotos golpearan El Salvador, causando la muerte de más de 1100 personas y desplazando a 1,3 millones.
El estatus de protección temporal, o TPS, fue aprobado por el Congreso y promulgado como ley por el presidente republicano George H. W. Bush en 1990. Permite a personas como Carranza, procedentes de determinados países que sufren conflictos armados, guerras civiles y desastres climáticos, vivir y trabajar en Estados Unidos si permanecer en su país de origen supone un riesgo.
Carranza se perdió la graduación del jardín de infancia de su hija menor y la primera vez que ganó una medalla en atletismo. Trabajó turnos de noche cuidando a recién nacidos y más tarde fue profesora sustituta en escuelas públicas del área de la bahía de San Francisco para pagar la educación de sus hijos en El Salvador y sus propias clases en el City College de San Francisco, donde obtuvo un título en desarrollo infantil.
Y cuidó de docenas de niños de 3, 4 y 5 años que miraban con asombro al descubrir pequeños tesoros enterrados en el bosque de secuoyas del parque de Oakland, donde cofundó la Escuelita del Bosque, una guardería de inmersión en español que enseña a los niños al aire libre.
A cambio, se suponía que disfrutaría de una jubilación tranquila. Pero el Congreso restringió la elegibilidad para Medicare y ahora solo son elegibles los ciudadanos, los personas con residencia permanente, los nacionales cubanos y haitianos, y las personas cubiertas por los Pactos de Libre Asociación, acuerdos entre Estados Unidos y las naciones insulares del Pacífico.
La medida siguió a los esfuerzos de Trump por excluir a algunos inmigrantes con estatus legal de Medicaid, de los subsidios de seguros del mercado y de los servicios de apoyo social, como la asistencia alimentaria, los subsidios de vivienda y las visitas médicas en centros de salud financiados con fondos federales. En total, se prevé que 1,4 millones de inmigrantes con estatus legal perderían el seguro médico, según KFF, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la información sobre salud que incluye KFF Health News.
Taylor Haulsee, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no respondió a las solicitudes de comentarios.
Michael Cannon, director de estudios de política de salud del Cato Institute, un think tank libertario, afirmó que los republicanos querían hacer recortes fiscales y eliminar el seguro médico para los inmigrantes porque eso no molestaría a su base.
“No quieren convertir a Estados Unidos en un imán del welfare”, dijo Cannon. “Y resienten que el Gobierno les haga pagar por un estado welfare”.
Aunque no se dispone de datos sobre los inmigrantes con estatus legal, los inmigrantes sin estatus legal aportaron 6.400 millones de dólares a Medicare y 25.700 millones de dólares a la Seguridad Social en 2022, según el Instituto de Política Fiscal y Económica. La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que solo las restricciones a Medicare reducirían el gasto federal en 5.100 millones de dólares para 2034.
Los expertos en salud afirman que la eliminación de la cobertura para los inmigrantes con estatus legal no tiene precedentes.
“De hecho, esta es la primera vez que el Congreso retira a cualquier grupo de Medicare”, dijo Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en KFF. “Este cambio está afectando a los inmigrantes que residen legalmente en EE. UU., muchos de los cuales ya han trabajado y aportado al sistema durante décadas”.
A medida que adultos mayores como Carranza pierden su cobertura de Medicare, los médicos prevén que retrasarán su atención, lo que provocará un aumento de pacientes gravemente enfermos, especialmente en las salas de urgencias de los hospitales.
Los adultos mayores pueden enfermar de forma repentina y rápida, y son más vulnerables a enfermedades cardiovasculares como las cardiopatías y la hipertensión, especialmente si posponen la atención rutinaria, afirmó Theresa Cheng, médica de urgencias del Zuckerberg San Francisco General Hospital y profesora clínica adjunta de medicina de urgencias en la Universidad de California-San Francisco.
“Es muy fácil que caigan de picada”, señaló Cheng.
Carranza ha practicado senderismo y se considera sana, pero reconoce que está envejeciendo y que le cuesta cada vez más seguir el ritmo de los niños en el bosque.
A finales del año pasado le diagnosticaron hipertensión. En enero se despertó sintiendo una presión en el pecho y acudió a urgencias porque la presión había subido a niveles peligrosos. Unas semanas más tarde, tropezó con el borde de una acera mientras caminaba y cayó al suelo. Al día siguiente se despertó con un pie hinchado y un médico del hospital local le dijo que tenía artritis.
Fueron momentos aterradores, dijo, pero se sintió agradecida de tener que pagar solo 10 dólares por la visita a urgencias y 5 dólares por ver a su médico de cabecera. Sin embargo, eso cambiará cuando pierda Medicare a principios del año que viene.
El estrés de saber que perderá la cobertura del seguro médico, y posiblemente su estatus legal, mientras agentes federales encubiertos detienen a inmigrantes como ella por todo el país, ha afectado a su salud mental. Ahora está buscando un terapeuta y servicios de acupuntura para tratar el insomnio y ansiedad; y la sensación de que está “bajo constante asalto”.
Sin ningún sitio al que acudir
En California, donde reside el mayor número de adultos mayores inmigrantes, Carranza podría haberse inscrito en un seguro subsidiado por el estado, pero este año el estado congeló la inscripción para adultos de 19 años o más que sean titulares de TPS, se encuentren en EE. UU. sin estatus legal o sean solicitantes de asilo. Otros estados con gobernadores demócratas, como Illinois y Minnesota, también han recortado sus programas de salud para inmigrantes debido a las presiones presupuestarias.
En enero, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un presupuesto estatal que no compensa los recortes federales en la asistencia de salud para unos 200,000 inmigrantes con residencia legal, señalando el coste anual de 1100 millones de dólares y el déficit presupuestario estatal.
“Dadas estas presiones fiscales, la administración no puede compensar este cambio en la política federal”, afirmó el portavoz del Departamento de Finanzas de California, H.D. Palmer.
Sin embargo, algunos legisladores demócratas y defensores de los consumidores sostienen que el estado debería intervenir. La asambleísta estatal Mia Bonta, que preside la comisión de salud de la Asamblea, afirmó que está trabajando en una solución presupuestaria a nivel legislativo para incorporar a los inmigrantes que perderán la cobertura sanitaria, incluidos los adultos mayores, a Medi-Cal, la versión estatal de Medicaid.
La demócrata del este de la bahía está especialmente preocupada por personas como Carranza, “quienes han vivido aquí durante décadas y han contribuido a esta economía, quienes han aportado a nuestro tejido cultural y a nuestras comunidades, quienes han formado familias y construido sus vidas, y quienes ahora desean poder jubilarse con dignidad, vivir con dignidad y disponer de la asistencia de salud que necesitan”.
Una señal del futuro
El pasado mes de abril, Carranza tuvo un primer atisbo de lo que supondría perder su cobertura médica y su jubilación, después de que la Administración de la Seguridad Social le enviara una carta informándole que ya no reunía los requisitos para recibir su jubilación porque no se encontraba legalmente en EE. UU., a pesar de que sí lo estaba. Al mismo tiempo, Medicare dejó de pagar a su plan de salud, que, como consecuencia, la dio de baja.
Como titular de TPS con permiso de trabajo, sabía que se había cometido un error. Sin embargo, sin su cheque, Carranza no tuvo dinero para pagar el alquiler de un mes pero logró cubrirlo cuidando a los hijos de sus caseros. En mayo, la oficina de la representante estadounidense Lateefah Simon, una demócrata de Oakland, ayudó a Carranza a recuperar su jubilación, pero tardó meses en recuperar su seguro médico.
La experiencia la dejó consternada.
“Es como recibir una bofetada después de más de 30 años aquí, trabajando para el sistema”, dijo Carranza. “Y a cambio, esto es lo que tenemos ahora”.
Carranza pasa horas en las noches imaginando el futuro: aquí, donde ha pasado la mitad de su vida, sin seguro médico y posiblemente sin su jubilación; o en El Salvador, donde siguen dos de sus tres hijos. Su hija, titular de una tarjeta de residencia que vive en Texas, espera obtener la ciudadanía para poder solicitar la residencia permanente para Carranza, pero el proceso puede tardar años. Luego está la posibilidad que más teme: la detención indefinida o la deportación.
Una mañana reciente, en su estudio apartamento en Oakland, Carranza sacó una caja del fondo de su armario. En ella había una pila de tarjetas de identificación que incluía antiguos permisos de conducir, su tarjeta de la Seguridad Social y docenas de identificaciones laborales emitidas por el gobierno federal.
“Mi vida está en esa caja,” dijo Carranza.
Este artículo fue producido en colaboración con KFF Health News.
